Covid-19: Revelaciones, costos y respuestas educativas

Roberto Fermín Bertossi Investigador C i j s / UNC Experto CoNEAU / Cooperativismo

Introducción:

Conforme el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional (C.N.), en Argentina todos sus habitantes gozan del derecho de enseñar y aprender, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; actualmente en este caso, la ley de Educación Nacional  26.206 de 2006´ 

El objeto legal fue regular el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el art. 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella. También estableció la estructura del Sistema Educativo, haciendo alusión a todos sus niveles y modalidades nacionales; determinando la extensión de la obligatoriedad escolar y planteando las responsabilidades y obligaciones del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a la Educación.

Según dicha ley nacional, su aplicación alcanzaría a toda la Nación en su conjunto, respetando criterios federales, diversidades regionales y articulando educación formal y no formal,  formación general y  profesional en el marco de una educación continua y permanente.

Revelaciones.

Paradójicamente y antes de analizar brevemente un dato vírico determinante, los grados y geografías de inejecutoriedad legal,  vg., de su capítulo I, el desdén oficial al art. 90 (Educación cooperativa y mutual), el “aplazo legislativo reciente” a su originario e incomprensible artículo 109 (prohibía educación a distancia para jóvenes y adultos menores de 18 años), etc., revelan no solamente otro mentís institucional tan inaceptable como republicanamente insoportable, sino el detrimento que ha sufrido y lo anticuado en que ha devenido nuestro sistema educativo en términos estructurales, de arquitectura e infraestructura (vg. aulas, dependencias, bibliotecas, sanitarios y espacios académicamente dúctiles y abiertos, con solvencia epidemiológica y ambiental),  contenidos, modalidades presenciales o híbridas, logística, transmisión y sostenimiento de vínculos educativos; alternativas y cobertura de contingencias, etcéteras. De hecho, la flamante ley 27.550 (“o aplazo legislativo reciente”), al suprimir arrebatadamente el artículo 109 de la ley de Educación 26.206/06, es otra señal que ratifica lo antedicho. 

La adversidad mundial del Covid-19´ en términos de duro dato vírico, precipitó un descalabro educativo sin precedentes provocando desconcierto, perplejidades, deterioros, pérdidas, daños, perjuicios y desafíos inéditos, tangibles e intangibles en términos de vínculos educativos, presencialidad, modalidades, contenidos, etc.

También puso en toda evidencia a una vieja y extraña ecuación escolar in-convergente con la que, inadvertidamente, convivíamos. Exactamente me refiero tanto a programas o contenidos del siglo XIX en algunos casos, maestros y docentes del siglo XX y alumnos del presente siglo XXI, cuanto a una inconciencia colectiva (no solo de la comunidad educativa) traducida vg., ante frecuentes paros sindicales, en lo remanido de reclamar  cuánticamente la recuperación de días de clase… ¡antes que exigir  cualitativamente restauración de contenidos!

En efecto, durante este año la pandemia por Covid-19´ desnudó tales incumplimientos, limitaciones, deterioros e insatisfacciones como lo anticuado de nuestro método, procedimiento o técnica educativa e, imprevistamente, como se pudo, se tuvo que recurrir a la implementación intuitiva de una educación digital remota entre aislamientos de profesores y alumnos  (de estos últimos, quedaron excluidos los carentes de los recursos tecnológicos apropiados). 

Conservar el espíritu y acervo de la educación presencial es también un singular desafío para la comunidad educativa, al menos, para atemperar la despersonalización y encontrar la mejor manera de sostener el vínculo «docente, alumno y familia» durante el tiempo de virtualidad por la pandemia; un tiempo, pausa o pesadilla de ya más de ocho meses lo que ha impedido una concurrencia presencial regular a los establecimientos educativos cuando, en sus antípodas, tanto Europa como los EE. UU., China, Corea del Sur o Japón conservaron la presencialidad, todo lo posible.

Es que una cabal vinculación pedagógica positiva se ha caracterizado por la presencialidad, el afecto, el respeto, la escucha paciente, la contención, la atención, la generosidad y aplicación, así como por expectativas realistas del profesor sobre las capacidades y posibilidades en cada uno de sus alumnos. En la educación presencial, la participación es directa (sin ´ningún´  «delay»´), más ágil, dinámica y cooperativa, con franco intercambio de gestos e ideas.

Según Rudolf von Ihering “el interés es medida de la acción”. En Educación, también. Consecuentemente,  actualizarnos sin interrupciones o paralizarnos, asegurar o vulnerar,  hacer o deshacer en términos educativos,  son  justamente, consecuencias de un accionar u obrar, en uno u otro sentido gubernamental y sindical. 

Algunos costos por déficit educativo:

Conforme anticipara en 2006´  Francisco Arroyo Schick. Director Ejecutivo Centro de Innovación para el Desarrollo, Economía y Negocios, de la Universidad de Chile, “La mala educación deja a millones de jóvenes en desventaja para siempre y reproduce la detestable desigualdad entre los que pueden pagar una buena educación y el resto. También genera inmensas pérdidas económicas. El déficit de gente de primer nivel -en todas las esferas- nos atrapa en producciones básicas de poco valor. En el Centro de Innovación para el Desarrollo (CID) investigamos las pérdidas ocultas derivadas de no calificar en emprendimientos complejos que crean productos y servicios de alto valor global. Si en los 80 se hubiese implementado la educación de excelencia, ya no habría pobreza ni inequidad, seríamos actores destacados en la sociedad del conocimiento, con empresas triunfando globalmente, con juventud innovando y emprendiendo exitosamente en trabajos bien remunerados. Entenderlo es clave para tomar decisiones asertivas e impulsar innovaciones que efectivamente garanticen educación de calidad”

Tales costos se reflejan fundamental y determinantemente tanto en Capital Humano conformado por la calidad de la población en  educación, salud y nutrición, cuanto en Capital Social entendido como la talla del acervo en valores, cultura, grado de madurez institucional, genero, inclusión, redes de cooperación internas, organizaciones sociales y civiles, fraternidad, reciprocidad de perspectivas, conciencia ambiental, etc.

Sin relato y si bien no se trata de gastar más en educación, sino de invertir asertivamente para lograr competitividad y productividad cooperativa en la economía del conocimiento, será justicia recordar que durante la interrumpida presidencia de Arturo Illia (1963-1966), según el Producto Bruto Interno de entonces, se realizó la inversión en educación más alta de la historia argentina, (esto es lo que gasta en educación el Estado de sus ingresos sobre el valor de la riqueza que genera un país en un año por todos sus agentes económicos; empresas, consumidores y Estado).  

¿Cómo puede quedar nuestra Carta Magna ante una trágica realidad educativa que niega traducir derechos y garantías en capacidades efectivas, ello no obstante la importancia y trascendencia del principio de solidaridad como elemento esencial, estructurante e inspirador de la nueva supremacía constitucional (vg., el Programa de Desarrollo Humano plasmado (teóricamente) entre los arts.14, 14 bis, 41, 75 incs. 18, 19, 22 y cc. de la C.N.) ?

Ciertamente la respuesta es más que reprochable dado que los efectos perversos de tan inaceptables y desquiciantes procrastinaciones constitucionales, son fácilmente observables en los índices pavorosos alcanzados por el analfabetismo, la desnutrición, la desocupación, la violencia, el narcotráfico y una angustiante inseguridad, todos los cuales, injustamente, nos privan de común y buen vivir. 

Frente  a claudicaciones constitucionales semejantes y ante una espiral virulenta de violencia ¿deberíamos resignarnos ante tanto analfabetismo y deserción escolar, para admitir la ficción de Borges como una tremenda realidad en donde el hombre se resignará cada día a empresas más atroces y que pronto no habrá sino guerreros y bandoleros? 

Respuestas, conclusiones y propuestas educacionales:

Ante tanta languidez educativa acentuada por la pandemia del coronavirus, nos apremia una reconstrucción educativa entendida no solo como reparación de un sistema deteriorado sino como ampliación, fortalecimiento y modernización del mismo,  reivindicando identidad e idiosincrasia nacional mediante un profundo replanteo del paradigma pedagógico conocido,  porque,  al fin y al cabo,  «el hombre no es más que lo que la educación hace de él», (Inmanuel Kant, 1724-1804). 

El filósofo cordobés de Andalucía, Séneca,  sostenía que había que educar para la vida. Es célebre su frase: “Aprendemos para la vida y no para la escuela”. Proponía que la enseñanza y la educación tuvieran un fin práctico. 

Claramente, si demoramos o no avanzamos en tal reconstrucción con una implicación personal “decisiva” según palabras del papa Francisco al clausurar el evento mundial: Reconstruir el Pacto educativo global´;  ´ una mala educación dejó y dejará a millones de jóvenes en desventaja para siempre reproduciendo otra desigualdad entre los que pueden pagar una buena educación y el resto.  

Para el Obispo de Roma “implicar e implicarnos supone trabajar por dar a los niños y jóvenes la posibilidad de ver este mundo que les dejamos en herencia con un ojo crítico, capaz de entender los problemas en el ámbito de la economía, la política, el crecimiento y el progreso, y de plantear soluciones que estén verdaderamente al servicio del hombre y de toda la familia humana en la perspectiva de una ecología integral”   

Cuando empezamos a dejar atrás un ciclo escolar para el olvido y la frustración, sin excusas, eufemismos ni demora debieran asignarse o reasignarse recursos necesarios y suficientes para implementar estrategias creativas e innovadoras que garanticen a todos, educación de calidad, personalizada y proactiva, fundada en dinámicas que la impulsen a la excelencia. 

Por último, queda clara la urgencia para que las autoridades pertinentes acompañen con las medidas y los recursos necesarios, las investigaciones requeridas tanto para definir cómo hacerlo cuánto para impedir perjuicios o postergaciones irremontables.         

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